Desde grupo de intervención social del SAT nos proponemos denunciar la situación y gestión que se está produciendo en el centro de protección de menores Al-Zagal gestionado por AOSSA, empresa de servicios y organización de eventos deportivos, a través de licitación de concurso público ofertado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, tanto por la política de recortes de la entidad y despidos, como por su gestión del recurso público.
Este recurso público era gestionado con anterioridad por AESIM, entidad que paulatinamente fue adquiriendo una deuda con los trabajadores en concepto de impago de nóminas, al tiempo que despedía personal y modificaba contratos en concepto de prestación de horas laborales y categoría. Finalmente ésta entidad se dio en quiebra, no pudiendo hacerse cargo del recurso y las deudas que contrajo, entrando en concurso de acreedores.
El 21 de julio de 2017, AOSSA, entra en la licitación, gestionando ahora los servicios del centro de acogida de menores mencionado y subroga a la plantilla tal como viene recogido en el II Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de menores. Al poco tiempo, reúne a los trabajadores y trabajadoras del centro y tiene una reunión individual con cada miembro. El resultado de estas reuniones son 3 despidos y un intento de “acuerdo de despido” con una persona más, así como también la reducción de horas de algunos contratos, escudándose en un ratio mínimo establecido por la Junta de Andalucía en el pliego de condiciones de la licitación del servicio.
Ha dicho trabajador, que se le propone “acuerdo de despido”, el cual había denunciado la situación, finalmente no se le despide, y se le establece de forma unilateral turno de noche fijo, trabajando 12 horas seguidas, siempre en fin de semana. Posteriormente, se le abre expediente de faltas con suspensión de 3 días de empleo y sueldo por no entregar documentación requerida, cosa que ya entregó y volvió a hacer por duplicado. A la semana, se produce el despido de este trabajador por el mismo motivo.
La situación que se está dando debido a la gestión llevada a cabo por la empresa está dañando gravemente la calidad de los servicios que se prestan con los menores y las condiciones laborales de los empleados. Hoy día se está gestionando el recurso de 8 plazas para menores en situación de desamparo, cada uno con sus necesidades específicas, con un sola persona por turno, y en algunos turnos cubiertos por una persona contratada como auxiliar técnico educativo.
En cuanto a los servicios de limpieza, vienen una vez a la semana, recayendo la responsabilidad de la limpieza en el educador/auxiliar de turno y los propios menores.
En estas condiciones se hace difícil, casi imposible, realizar un trabajo educativo en condiciones, lo que lleva al mismo tiempo a la degradación de las condiciones laborales de los trabajadores y por ende la calidad del servicio público prestado.
Desde el SAT denunciamos está situación y reivindicamos que la maximización de beneficios de una empresa privada NO puede ir en detrimento de las condiciones laborales de la plantilla y ,más grave si cabe, en la calidad del trabajo que se realiza con menores en situación de desamparo y riesgo de exclusión social dentro de la gestión de un servicio público, donde estas premisas tienen que estar garantizadas.