Desde el sector de la Intervención Social del SAT analizamos los presupuestos en materia de Servicios Sociales que se han llegado a aprobar finalmente en pleno del Ayuntamiento de Sevilla para el ejercicio 2017.
En primer lugar queremos destacar que la organización y la denuncia sirven para el progreso de nuestra profesión. Fruto de ello es que las propuestas presentadas por el SAT a los grupos municipales se han aprobado, ambas contando con los votos en contra del PSOE, lo cual dice mucho de la poca valía que ofrece el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, quien después, sin escrúpulos, se vanagloria del aumento del presupuesto alcanzado, en contra de su votación, por simple eco mediático. Lo que calificamos de repugnante.
Los acuerdos alcanzados a propuesta del SAT – Intervención Social son:
- Programa “Sevilla Solidaria 2017”. La propuesta de la Delegación era de 1.270.297€, a lo que a través de la denuncia realizada se ha podido ascender en 229.703€ más.
- Lo más gravante es que no se realiza mención expresa a la obligatoriedad de que las asociaciones concursantes se acojan a los convenios colectivos vigentes, como garantía de justicia laboral, y evitar así la precariedad en el sector.
- Por un lado, como aspecto positivo: Se elimina la ponderación expresa a favor del personal voluntario en detrimento del personal contratado que ya denunciamos el año pasado.
- Por otro lado, como aspecto negativo: Se observan múltiples presupuestos de ejecución por debajo de los 20.000€ el mínimo necesario para la contratación de la figura de un, o una, profesional del trabajo/educación social, y por debajo de los 18,000€ mínimo necesario para la figura de un, o una, técnica social de grado superior. Lo que se traduce en precariedad encubierta en las contrataciones del sector y el trato de favor hacia la labor voluntaria para cubrir puestos de trabajo.
- Plan Integral para la Comunidad Gitana mantenía la simbólica asignación de 17.593’12€, presupuesto que no alcanza ni a la posibilidad de contratar a una trabajadora o educadora social (20 mil euros anuales según convenio de Acción e Intervención Social). Se ha conseguido aprobar la propuesta del SAT para ascender a 60.000€ con el objetivo de mantener un Equipo Interprofesional conformado por trabajadora social, educadora social y psicóloga, dirigido a la coordinación efectiva entre los servicios públicos que intervienen con la Comunidad Gitana: institución escolar, sanitaria y Servicios Sociales.
Desde el sector de intervención social en Sevilla seguiremos atentos a la implantación de las políticas sociales llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla.