El pasado día 20 de Diciembre se aprobó en Consejo de Ministro el borrador de la «Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada». Una ley, que de aprobarse finalmente, supondría una limitación brutal del derecho al aborto, el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y las posibilidades de reproducción asistida con total libertad. El mismo nombre de la nueva ley está cargado de cinismo y falsedad. Se trata de las pocas promesas electorales que el gobierno del PP cumple, y lo hace respondiendo a sus bases católicas integristas y ultraderechistas.
Es un anteproyecto de ley machista, prepotente y cruel, porque solo permitirá abortar a las mujeres que los servicios del Estado consideren víctimas (en caso de violación) o locas («menoscabo importante y duradero» para la salud física y psíquica), o un peligro importante para la vida de la mujer. Y la decisión recae en el personal médico, no en la propia mujer, ya que se necesita la certificación de dos especialistas; especialistas que podrán si no quieren realizar ninguna actuación relacionada directa o indirectamente con un aborto. A este nuevo paso en la medicalización del cuerpo de la mujer, se incluye ahora, también, pasar obligatoriamente por un humillante “asesoramiento” para que en un plazo de siete días se decida expresamente el aborto. En dicho “asesoramiento”, los servicios sociales se encargarán de explicar que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución”, de estudiar “las circunstancias concretas de la mujer”, así como de “las alternativas existentes a la interrupción voluntaria del embarazo”, como la guarda administrativa, el acogimiento o la adopción. Por otro lado, los médicos serán los encargados de informar a la mujer “de los riesgos del aborto para la salud y la maternidad futura, así como sobre el diagnóstico, aspectos médicos y psicosociales, y expectativas sobre la salud del feto”. La decisión personal de la mujer se condiciona a la presión moralista y al juicio de servicios sociales y sanitarios. Además, el anteproyecto de ley suprime el derecho al aborto por anomalía fetal grave. En un sistema sanitario que permite el diagnóstico de patologías fetales severas, este proyecto de ley solo reconoce peligro para la salud de la mujer cuando el diagnóstico de una anomalía fetal sea incompatible con la futura vida del feto, eliminando la cantidad de malformaciones fetales muy severas que se diagnostican en la actualidad pero que puede no comprometer la vida del feto.
En el contexto actual de recortes a las ayudas públicas a la maternidad, al cuidado de la infancia y de sistemas socio-sanitarios, la restricción en las posibilidades de aborto deja a muchas mujeres en situaciones muy difíciles y dolorosas. Un bebé podrá desarrollarse y tener una vida plena y feliz con una madre que haya elegido libremente afrontar la experiencia. Pero está ocurriendo todo lo contrario, se recortan salarios y pensiones, se desahucian familias, se suprimen ayudas a discapacitados y dependientes, se privatizan servicios públicos, y se quiere obligar a las mujeres a ser madres. De hecho, no es casualidad que se ataque así y ahora a las mujeres. En un contexto de recorte de servicios sociales es imprescindible que las mujeres vuelvan al hogar a cuidar de ancianos, enfermos y niños cuyos cuidados no asume el Estado. Se trata de un ataque ideológico ligado a los ataques materiales.
Los sectores más reaccionarios de la sociedad, jerarquía católica incluida, se arrogan una potestad sobre las mujeres que no les pertenece. Los mismos gobernantes que desprecian el cuidado de la naturaleza y las condiciones de vida de las personas, hablan de proteger la «vida» basada en una justificación no científica, sino puramente religiosa. La teoría de la hominización retardada, que defiende que la vida comienza en el momento de la fecundación, ya que desde ese instante el huevo recibe animación -alma-, no es más que un acto de fe. Y serán las mujeres más humildes y necesitadas las que sufrirán especialmente sus consecuencias, pues de aprobarse esta Ley volverá a pasar lo que ocurría antes, que las mujeres con suficiente poder adquisitivo se irán a abortar al extranjero con seguridad y las que no puedan abortarán ilegalmente aquí, con los riegos que esto conlleva.
Por ello, reclamamos tanto el derecho de las madres a decidir a lo largo de su embarazo como el derecho a la protección social que debemos recibir en cada una de nuestras etapas vitales. Exigimos que una mujer pueda abortar si así lo desea. Exigimos una educación sexual saludable, no sexista y plena. Reclamamos una ley del aborto libre y gratuito como un derecho de la mujer que quiera servirse de ella, en pleno uso de su libertad y responsabilidad, y con todas las garantías legales y sanitarias desde lo público.