Agradecemos nuevamente la ayuda de CGT y a las diversas organizaciones que están apoyando esta lucha.
Desde hace meses se viene desarrollando un conflicto en la empresa de seguros Admiral, cuya sede en España está situada en Sevilla y responsable de marcas tan conocidas como Qualitas Auto y Balumba.
Este conflicto, que se ha ido intensificando en las últimas semanas, se inició a consecuencia del despido ilegal (y también inmoral) de una trabajadora, Sandra Miura. Sandra llevaba trabajando diez años para Admiral y, a causa de una incapacidad para desempeñar el último puesto donde trabajó, la empresa decidió no reubicarla. Y ello pese a que había desempeñado funciones en nada menos que cinco puestos diferentes al de teleoperadora, donde podría volver a trabajar sin problemas (e incluso en otros diferentes donde aún no ha trabajado, como chateadora). Lo único que Sandra no puede hacer es tener unos cascos en los oídos, a causa de una enfermedad contraída precisamente a consecuencia de su trabajo.
Además, la empresa ha actuado de mala fe, algo de lo que tenemos pruebas para mostrárselas a quien quiera verlas. La cronología de los hechos es muy clara. Tras pasar seis años en la Dirección de Personal y Comunicación, Admiral decidió poner a Sandra al teléfono, puesto en el que sus problemas de oído se han agravado. La empresa ha sido informada en todo momento y ha visto las bajas que esta trabajadora ha tenido a causa de la otitis. De hecho, Sandra ha sufrido una pérdida de audición, detectada en una revisión realizada precisamente en Admiral.
Sin embargo, no le ofrecieron otro puesto: le decían en todo momento que, cuando llegara el momento de una resolución por parte de la seguridad social, lo solucionarían reubicándola en otro puesto donde no tuviera que trabajar con cascos. Sandra intercambió correos (que podemos mostrar) con Isabel Arribas, directora de Recursos Humanos de Admiral, en los que hablaron de este asunto. Sin embargo, el 12 de abril Sandra descubre que desde el día 5 de ese mes no estaba dada de alta en la empresa. Mientras intercambiaban correos electrónicos, la empresa le había dado de baja por la espalda.
Cuando la trabajadora escribe a Isabel Arribas preguntando cuál es su situación, la lacónica respuesta de la directora es que ya sería avisada para recoger el finiquito. Naturalmente, Sandra preguntó cómo podía ser que se estuviera hablando de una reubicación y a la espera de una resolución por parte de la seguridad social y ahora sucediera esto… Arribas se limitó a contestar que “tras un exhaustivo estudio”, habían decidido que no había sitio para Sandra en la empresa.
Fue entonces cuando Sandra contactó con Jorge Martín y así fue como el SAT descubrió los hechos. Jorge es miembro del comité de empresa, y le comunicó los hechos al mismo. Isabel Arribas no había comunicado nada al comité, lo cual es completamente ilegal. Tenemos (y podemos mostrar) correos de Isabel Arribas disculpándose por ello, con lo cual estaba reconociendo los hechos. La empresa pretendía con ello que todo este asunto fuera silenciado, y no contaban con que Sandra contactaría con Jorge.
Cuando en el comité de empresa del 13 de abril, el delegado de personal del SAT preguntó por la situación de Sandra, Isabel Arribas, contestó que ella se había enterado “la tarde antes”. Esto no solo no cuadra con lo afirmado por la propia directora en sus correos, sino que no cuadra incluso cronológicamente: “la tarde de antes” al 13 de abril no era obviamente la del 5 de abril, que es la fecha de la baja. Habían pasado 8 días y, lógicamente, la seguridad social no iba a dar de baja a una trabajadora por su cuenta. Alguien se lo tuvo que haber indicado, y es evidente quién fue.
Desgraciadamente, el SAT se quedó solo en esta cuestión, y tanto CC OO como el sindicato de la empresa ATI han tomado la postura de que, como dice la empresa, no hay sitio para Sandra en Admiral. Es más: ATI ha emitido comunicados y desatado una campaña de desprestigio en la que afirman que Sandra tiene una paga vitalicia y del 100%. Es radicalmente falso: solo tiene una paga del 55% y revisable. En dos años podría quedarse sin nada y sin derecho a paro. Además, el sindicato de la empresa ATI ha instado a los trabajadores a mostrar repulsa hacia nuestro sindicato vistiendo de blanco determinados días. Como se puede intuir, no hacerlo podría suponer “significarse” o mostrar simpatías por nuestras acciones, con lo que, además de una postura sectaria, es otro modo más de represión sindical.
El SAT seguirá luchando hasta la readmisión de Sandra Miura. Con la ayuda de CGT y diversas organizaciones, hemos realizado varias concentraciones en la sede de Sevilla. Además, los compañeros del sindicato IWW han protestado en Cardiff, País de Gales, donde se encuentra la sede central de Admiral. Hemos iniciado una campaña de llamadas telefónicas exigiendo la reubicación de Sandra. Y desde el jueves 6 de septiembre, hemos iniciado una acampada permanente. Si la empresa no soluciona esta situación indignante, la lucha seguirá y se intensificará, por lo que no podemos descartar nuevas acciones de todo tipo.
Nuestro sindicato no va a quedarse de brazos cruzados mientras Sandra se ve obligada a dormir en una tienda de campaña, teniendo a un niño pequeño. La empresa podría reubicar a Sandra fácilmente y solucionar este conflicto. Mientras tanto, seguiremos en la lucha y no habrá tregua.
¡SANDRA REUBICACIÓN!